Después de los accidentes mencionados en la entrada “Conceptos sobre sistemas críticos”, se intentó cuantificar la frecuencia de fallas de los componentes de una planta industrial utilizando las mismas técnicas utilizadas para cuantificar la frecuencia prevista de fallas aplicadas previamente a la disponibilidad de una planta en su totalidad, donde el costo de la falla del equipo era la principal preocupación. La tendencia en los últimos años ha sido una aplicación más rigurosa de estas técnicas en el campo de la evaluación de riesgos junto con la verificación de terceros (auditorías). Estas técnicas incluyen Análisis de Árbol de Fallas, Análisis de Efectos y Modos de Falla, Evaluación de Fallas de Causa Común y otras.
La evaluación del riesgo de las plantas de proceso y otras actividades industriales fue común en los años ochenta, pero la orientación y las normas formales eran raras y algo fragmentadas. Sólo la Sección 6 de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974 (Reino Unido) apuntalaba la necesidad de hacer todo lo razonablemente posible para garantizar la seguridad. Sin embargo, después de la catástrofe de Flixborough, una serie de movimientos (incluyendo la directiva de Seveso) condujo a las regulaciones CIMAH (Control of Industrial Major Accident Hazards) en 1984, y su formulario COMAH revisado (Control of Major Accident Hazards) en 1999. La adopción de la “Machinery Directive” por la UE, en 1989, introdujo el requisito de un análisis documentado del riesgo en apoyo del
Marcado CE.
Sin embargo, estas leyes y requisitos no especifican cómo se debe establecer un objetivo de riesgo tolerable para una actividad, ni tampoco abordan los métodos de evaluación de los diseños propuestos ni proporcionan requisitos específicos de seguridad en el diseño.
La necesidad de una orientación más formal se conoce desde hace tiempo, pero hasta mediados de los años 80, las técnicas de evaluación de riesgos tendían a concentrarse en cuantificar la frecuencia y magnitud de las consecuencias derivadas de determinados riesgos. Estos fueron a veces comparados con valores objetivos vagamente definidos, pero, siendo un tema controvertido, tales objetivos (generalmente en la forma de tasas de mortalidad) no eran fácilmente aplicados o publicados.
La Norma de la Unión Europea EN 1050 (Principios de la evaluación del riesgo), en 1996, abarcaba los procesos de evaluación de riesgos, pero ofrecía pocos consejos sobre la reducción del riesgo. Se proporcionaron algunas orientaciones para el control de maquinaria (EN 954-1 véase el capítulo 10) sobre cómo reducir los riesgos asociados a los sistemas de control, pero no se incluyeron específicamente los PLC (programmable logic controllers) que fueron tratados por separado en otros documentos de IEC (International Electrotechnical Commission) y CENELEC (European Committee for Standardization).
Por otro lado, la proliferación de software a partir de los años 80, en particular en los sistemas de control y seguridad en tiempo real, centró la atención en la necesidad de abordar fallas sistemáticas, ya que podrían no necesariamente ser cuantificadas. En otras palabras, mientras que las tasas de fallos de hardware se consideraban una tasa creíble y predecible de confiabilidad, se estuvo de acuerdo en que las tasas de falla de software generalmente no eran predecibles. Se aceptó que era necesario considerar defensas cualitativas contra fallas sistemáticas como una actividad adicional, y separada, a la tarea de predecir la probabilidad de fallas aleatorias del hardware.
En 1989, el HSE (Health and Safety Executive) publicó directivas que fomentaban este doble enfoque para garantizar la seguridad funcional de equipos programables. Esto condujo al trabajo de IEC, durante la década de 1990, que culminó en la norma internacional sobre seguridad funcional
IEC 61508. La norma IEC se refiere a la seguridad de los sistemas eléctricos, electrónicos y programables en los que un potencial fallo afectará personas o medio ambiente. Tiene un carácter voluntario, en lugar de legal, al menos para el Reino Unido, pero hay que decir que actualmente ignorarla puede verse como "no hacer todo lo razonablemente practicable" en el sentido de la Ley y un fracaso para demostrar la "diligencia debida". A medida que se extiende el uso de la Norma, se puede argumentar que es cada vez más "practicable" usarlo. La Norma fue revisada y reeditada en 2010.
